Para desarrollar un país es esencial comprender que se necesita riqueza. Y la riqueza solo se crea en las empresas. En las demás instituciones, especialmente en el Estado, solo se consumen o se gastan esos recursos. La modernidad enseña que no hay países ricos y países pobres por su naturaleza o condición geográfica. Sino países que establecen las condiciones para que los emprendedores sean capaces de generar riqueza y naciones débiles de empresas y empresarios.
En los países ricos el gobierno es pequeño y se mete poco en la esfera privada. Los gobernantes son respetuosos de los derechos de los gobernados, los poderes son independientes y la institucionalidad se cumple. En los países pobres, los gobiernos son caóticos y abusivos, se llenan de proyectos faraónicos, intervienen y distorsionan la economía todas las veces que el oportunismo político lo requiere y las empresas sobreviven sustentadas en el favoritismo de los gobernantes de turno.
Los economistas Daron Acemoglu y James Robinson, en su libro “Porque fracasan los países”, analizan las razones que determinan las diferencias de riquezas de las naciones. La conclusión es dramática. La diferencia se debe a las instituciones que funcionan en cada territorio. Señalan que básicamente existen instituciones inclusivas e extractivas. Las inclusivas son las que facilitan y promueven un sistema jurídico imparcial, ofrecen seguridad jurídica y servicios públicos que proporcionan igualdad de condiciones para todos. El estudio comprueba la importancia de permitir – facilitar– la entrada de nuevas empresas, realizar intercambios sin intervención estatal y garantizar “la propiedad” del fruto de su trabajo. Cuando una persona dedicada a los negocios teme que su producción va a ser expropiada o simplemente absorbida por toda clase de impuestos, los incentivos para esforzarse trabajando disminuyen.
La prosperidad de un país es resultado de esfuerzo personal y colectivo que toma la forma de empresas e iniciativas privadas que se desenvuelven en un entorno libre. Ambiente que está caracterizado por la elección personal, el intercambio voluntario, la competencia abierta y un sistema legal que garantice la propiedad. En este contexto, la función principal de las instituciones estatales es proteger a las personas, sus bienes y actividades de la agresión de terceros. Para los autores, el poder político ha de estar limitado y repartido, asignando al Gobierno el rol de un “coordinador” con capacidad para imponer el orden, hacer cumplir las leyes e impedir las conductas abusivas.
En consecuencia, para alcanzar mayores niveles de desarrollo y prosperidad es fundamental aumentar la calidad de las instituciones públicas, estabilidad legal y monetaria, regulaciones justas para permitir el intercambio de bienes en un mercado libre y un gobierno limitado.
Estos son los pilares fundamentales del desarrollo exitoso. Dan como resultado, el nivel de libertad económica que existe en una sociedad y su impacto en las inversiones, el crecimiento económico, el ingreso y la pobreza.
Fortalecen esta conclusión, diversos estudios sobre el grado en que las políticas e instituciones de los países la promueven estos conceptos. Los datos del “Índice de libertad económica mundial” coinciden con que las naciones con entidades gubernamentales, políticas y leyes consistentes con el enfoque “más empresas y menos Estado”, tienen mayores tasas de inversión, un crecimiento económico más acelerado, mayores niveles de ingresos y una rápida reducción de la pobreza. En contrario, a mayor tamaño del Estado, debilidad y dependencia política del sistema jurídico, manipulación monetaria gubernamental, restricciones al intercambio de bienes y servicios y excesivas regulaciones, los resultados son peores para el nivel de vida de las personas, el emprendimiento, el empleo y la riqueza de una sociedad.
Carlos Ramos. Ph.D | Director Vocal III, Consejo Hondureño de la Empresa Privada
