JULIO / AGOSTO 2018 | Edición 26
JULIO / AGOSTO 2018 | Edición 26TRANSPARENCIA, SECRETOS Y DEMOCRACIA
La misión de la Corte Suprema es defender a los particulares de las arbitrariedades ejercidas por cualquier entidad gubernamental. Es el instrumento que soporta la vida pacífica en la sociedad en la medida que preserva el principio de inocencia en toda clase de acusaciones judiciales y administrativas. La carga de la prueba recae siempre en el acusador.
En los últimos años algunas sociedades democráticas –como está ocurriendo en Centroamérica– se han acercado más a modelos políticos dictatoriales, al promulgar leyes que conceden capacidades y poderes a entidades gubernamentales que superan la prestación y coordinación de servicios públicos. Leyes relacionadas con la vigilancia, obtención de información personal, recopilación de datos económicos, financieros y de salud de personas y empresas abundan y preocupan a los defensores de los derechos civiles en diversas latitudes.
Es cierto que las sociedades enfrentan nuevas amenazas de grupos que atentan contra la vida y la tranquilidad de los ciudadanos. Actividad criminal con motivaciones políticas, religiosas y económicas conspira contra la estabilidad de la democracia constantemente. Por lo que debemos trabajar en fortalecer con talento y tecnología a las entidades dedicadas a estos fines. La seguridad de todos depende de que hagan bien su trabajo, trabajen en ellos personas honestas y existan mecanismos de control apropiados sobre sus actividades.
Es por eso que es loable reconocer el mérito moral de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala al suspender un artículo de la ley orgánica de la superintendencia de administración tributaria que podía requerir, sin mediar un proceso judicial, “información bancaria, transacciones, inversiones, activos, operaciones o servicios realizados por cualquier persona individual o jurídica, ente o patrimonio.”
Esta disposición es claramente una facultad administrativa que excede lo razonable. La actividad de las personas no puede ser escudriñada por un tercero sin una causa justificada y autorizada por una entidad distinta de quien lo solicita. Es por eso que, para obtener registro e información de cualquier tipo debe existir un proceso administrativo y judicial concreto, objetivo y transparente.
Algunos podrán sostener que debe existir total transparencia e intercambio de información. Por supuesto, pero no violando los derechos de las personas y entidades. La seguridad de todos está también en juego, cuando cualquier individuo amparado tras el escritorio de una oficina estatal puede usar “capacidades excedidas sin control” en contra de un particular.
Paralelamente los Estados aprueban cada vez más leyes de “secretividad” que permiten bloquear la transparencia de sus actividades y recursos. Es en esta área donde se requiere de más avance y modernización y no sobre la vida de las personas.
En esta edición dedicamos el esfuerzo editorial a mostrar la actividad económica de las empresas más grandes de América Latina. Transparentan sus actividades, entregan sus estados financieros y realizan números procesos públicos. Quisiéramos ver estados financieros con este nivel de detalle en las actividades gubernamentales y órganos controlados por el sector público.
Publisher Centroamérica
