El gobierno de Panamá responde a las presiones de los gremios regulando las plataformas tecnológicas de transporte.
Los transportistas exigían al gobierno aplicar medidas que regulen la prestación de servicios de taxis y transportes públicos. Uber, Cabyfi y cualquier otra deberán cumplir con las disposiciones para operar. Por ejemplo, las licencias de conductor tipo E1 exigidas para conducir, estarán reservadas solo para panameños mayores de 21 años que presenten un record.
Se otorgaron seis meses para adecuar los sistemas a las medidas legislativas y se prohíbe el pago en efectivo. Se regula el transporte de lujo que ofrecen las plataformas tecnológicas, con vehículos de no más de 7 años de antigüedad y no más de 7 pasajeros. Los servicios quedan limitados a las zonas de Panamá Oeste, Colón, y Coclé. Se estima que hay más de doscientos mil usuarios de Uber en ciudad de Panamá.
La prestación de servicios mediante el uso de recursos privados no dedicados, principalmente a una actividad exclusiva, enfrenta la resistencia de grupos de presión que ven amenazados sus privilegios y concesiones. Las barreras de entrada a múltiples servicios como taxis, transporte de pequeñas cargas, de hotelería y otros más especializados, han estado dominadas por sectores sindicales, grupos políticos o simplemente por burocracias estatales. La tecnología permite hoy que sea fácilmente conectable una demanda con una oferta. Esto facilita se provean servicios de costos más bajos y eficaces eliminando los márgenes que obtienen los que poseen las respectivas licencias de operación o explotación. Una vez se publique en el diario oficial de Panamá el texto íntegro de la regulación oficial aprobada, se podrán conocer todos los detalles de una regulación que provocó la crítica abierta de los usuarios.
