Desafíos comunes a la migración ilegal y deportación de indocumentados. Firmas legales: “México no puede detener construcción de muro en suelo de EUA”.
Durante la década del 2006-2015, 876.593 personas provenientes de Centroamérica, República Dominicana y Panamá fueron deportadas de Estados Unidos. De esta cifra, el 94% eran nacionales de los países del denominado Triángulo Norte, que considera a Guatemala, Honduras y El Salvador, según el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Cerca de 336 mil venían de Guate- mala. Le seguía Honduras con 289 mil y El Salvador con 197 mil personas que fueron regresadas a sus respectivos países de origen.
La cantidad de deportados de los demás países de la región representaron el 6% del total. Estados Unidos deportó a 28.263 dominicanos, 17.543 nicaragüenses, 4.991 costarricenses, y 1.550 panameños en el mismo período.
RÉCORD CRIMINAL
Del total de deportados en el período en mención, el 33% (291.609) cuenta con un record criminal dentro de los Estados Unidos. La mayor cantidad de deportados criminales provienen de los países del Triángulo Norte. Honduras fue el país con mayor cantidad de deportados criminales: 97.684. Le siguieron Guatemala y El Salvador, con 93.679 y 71.837, respectivamente.
República Dominicana tuvo 20.031 deportados con récord criminal. Es importante mencionar que éstos representaron el 71% del total de dominicanos deportados en ese período. Asimismo, a pesar de ser el país con menor cantidad de deportados, un 58% del total de panameños había cometido infracciones a la ley, equivalente a 900 personas.
INTENTOS FALLIDOS
Al 30 de julio de 2016, durante la administración de Barack Obama, la cifra general promedio diaria de deportación de indocumentados era 646. Se calcula que durante los mandatos del ex gobernante se deporta- ron más de 2,5 millones de personas.
Esta acción resintió a gran parte de la población inmigrante, especialmente la centroamericana y caribeña, y sirvió de argumento en la campaña republicana para bajarle el per l a la intención del presidente Donald Trump de endurecer las políticas migratorias y, sobre todo, la construcción de un muro en la frontera con México.
El año pasado, el Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM), dijo a la cadena Univisión que la política de deportaciones del Gobierno de Obama era “indignante, horrible e inaceptable”. Señaló que la gravedad radicaba en que muchas personas que eran “injustamente” repatriadas a Centroamérica poco después estaban expuestas al asesinato.
Adicionalmente, en un reporte publicado por la Patrulla Fronteriza en julio del ano pasado, se estableció que el arresto de familias migrantes que huyen del Triángulo Norte y de México había incrementado, así como el número de menores no acompañados.
No obstante, hay que mencionar también que durante el Gobierno de Obama se hicieron dos intentos por apoyar a millones de indocumentados que no tenían antecedentes criminales.
En noviembre de 2014, Obama anunció una acción ejecutiva para detener las deportaciones de 5 millones de padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales (DAPA) y amplió los beneficios de la Acción Diferida para los que llegaron de niños del 2012 (DACA).
VIOLENCIA Y FRAGILIDAD INSTITUCIONAL
Actualmente, el sociólogo Guillermo Acuña González, MSc, integrante del Grupo de Trabajo “Migraciones, Desigualdades y Tensiones” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), prevé un escenario de continuidad en las políticas migratorias basadas en los esquemas de seguridad respecto de las últimas dos administraciones demócratas.
CLACSO es una red internacional que fue creada en 1967 con estatus asociativo en la Unesco. Reúne más de 542 centros de investigación y postgrado en 41 países.
“Es posible un fortalecimiento de los procesos de fraternización física y simbólica que afectarán en particular las migraciones regionales, en particular las centroamericanas, cuyo contexto de violencia y fragilidad institucional continuará generando movilidades entre y hacia afuera de la región”, anticipa Acuña González.
Por ello espera la habilitación de pre- supuestos para seguridad fronteriza entre Estados Unidos y México, y observar cómo esto afecta la movilidad regional.
“También es importante considerar que los procesos migratorios que ocurren fuera de la región introducen desafíos en la gestión migratoria a nivel regional”, concluye.
