La reciente polémica sobre los indicadores de corrupción presentado por la ONG Asociación para una Sociedad más Justa, señala que” la corrupción persistente está socavando los sistemas de atención a la salud y contribuyendo al retroceso del sistema democrático.”
El índice al que hace referencia preparado por Transparency Internacional mide los niveles percibidos de corrupción en el sector público en todo el mundo. Solo 22 países de 179 pueden considerarse como muy transparentes. Al contrario 88 naciones exhiben indicadores correlacionados con altos índices de corrupción.
La gran mayoría de los países de América Latina y de Centroamérica están incluidos en los rangos de naciones con altas percepciones de corrupción. Se destaca que Costa Rica se mantiene en los últimos años en el umbral de los 50 puntos. Que Honduras desciende y que Nicaragua obtiene los peores indicadores de la región.
Valioso el esfuerzo de Trasparencia Internacional por mantener una metodología comparativa que revele cómo evoluciona la corrupción en los países y motive una mayor preocupación de las sociedades por esta realidad que afecta el desarrollo económico, social y político de nuestras naciones.
Sin embargo, monitorizar los indicadores de transparencia con el propósito que la exposición de la información incida en la corrupción es insuficiente y probablemente una aspiración más sentimental que real. Se basa en que la trasparencia facilita el trabajo de las instituciones de fiscalización de las entidades gubernamentales que administran fondos, recursos y actividades públicas.
De manera, que la principal recomendación del reporte se centra en que deben de fortalecerse las instituciones de fiscalización. O sea, aumentar la capacidad de vigilar a los que desempeñan funciones públicas. Agregan que debe de “asegurarse una contratación abierta y trasparente que evite las malas acciones”, “identifique los conflictos de interés” y “asegure los precios justos”.
A pesar de esos buenos propósitos y de instituciones cada vez más poderosas, la corrupción se mantiene e incrementa en la medida que crece el tamaño del Estado, los recursos que administra y las regulaciones que aprueba. Es fácilmente observable que a mayor capacidad de las entidades gubernamentales de capturar impuestos o limitar la libertad de acción de los particulares, los espacios para que la corrupción se presente aumentan exponencialmente.
En concreto, la naturaleza de la democracia está basada en la elección temporal de funcionarios públicos, lo que provoca que cualquier político electo o nominado tiene un incentivo para explotar los bienes públicos en su propio beneficio y de sus allegados tan pronto como sea posible.
Una visión realista de esta realidad que destruye a nuestros países pasa por reconocer que cuando existe un Estado grande, sea por su rol empresarial o regulador, como ocurre en Honduras, se interfiere en la actividad de la sociedad creando toda clase de situaciones para beneficiarse de esa actividad estatal.
Claramente, si el Seguro Social, la ENEE(EEH), Hondutel, Portuaria o cualquier otra actividad hubiese sido administrada por empresas privadas, no se hubiesen presentado los casos de corrupción públicamente conocidos. Si el Gobierno hubiese ofrecido un pago por cualquier hondureño atendido en un hospital privado afectado de COVID-19, tampoco hubiesen ocurrido situaciones severamente cuestionadas como la compra de ventiladores inadecuados o los hospitales móviles a intermediarios.
Para disminuir y acabar con la corrupción se requiere claramente de reducir la capacidad de los funcionarios estatales para decidir el uso de los recursos públicos financieros y regulatorios. Pero para que esto ocurra se requiere de madurez en los sectores sociales que ven en la actividad estatal una garantía a sus privilegios y demonizan la actividad empresarial.
El Estado debe de existir y ser eficaz, pero lo más pequeño posible. Si queremos realmente disminuir la corrupción debemos optar por un Estado que arbitre los conflictos entre particulares, facilite la actividad y ejecute directamente lo menos posible.
Carlos Ramos Ph.D
