Las agencias de ratings ejercen un papel importante al momento de otorgar una evaluación de los emisores y fomentar el desarrollo y buen funcionamiento de los mercados de capital.
El riesgo soberano en Latinoamérica ha provocado el aumento de las regulaciones en los sistemas financieros de los países de la región. Las metodologías de calificación – registradas en las Superintendencias y entidades regulatorias de cada nación– generan un aumento significativo en la transparencia en los mecanismos, facilitando una estandarización de los parámetros de comparaciones de riesgos tomados por las calificadoras.
La importancia del riesgo soberano y del riesgo país como indicadores para monitorear la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales es indiscutible. Permiten que empresarios nacionales y extranjeros valoren su nivel de exposición a este riesgo total al invertir en mercados emergentes.
Ambos riesgos son conceptos muy relacionados y por ello frecuentemente se les confunde. La revista Economía y Finanzas Nueva Época describe al riesgo soberano como un subconjunto del riesgo país, refiriéndose únicamente a la volatilidad de las variaciones no anticipadas en los niveles de inversión pública. En cambio, el riesgo país se asocia a la volatilidad de las variaciones no anticipadas en los niveles de inversión pública y privada, pudiendo ser financiadas con capital propio o con préstamos del extranjero.
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Dependiendo del tipo de emisor – país, empresa o institución–, generalmente se evalúan indicadores relacionados con solvencia, liquidez, calidad de activos, rentabilidad, generación de flujos, entre otros. Sin embargo, “una calificación de riesgo también considera factores que no necesariamente están expresados en un indicador numérico. Por ejemplo: el gobierno corporativo, sistemas y políticas de administración de riesgos, soporte (institucional o del estado), entre otros”, afirma Carmen Matamoros, directora regional de análisis de Zumma Ratings, calificadora de riesgo con operaciones en El Salvador y Guatemala.
“La calificación de los instrumentos se basa tanto en la calificación de la solvencia como en las características de los títulos emitidos. Estos corresponden a los resguardos y garantías del instrumento, que pueden determinar una mayor o menor capacidad de pago de la compañía”, agrega Claudio Salin, director senior Corporaciones de Feller Rate. La calificadora estudia indicadores de rentabilidad y capacidad de generación de flujos operativos, indicadores de estructura de capital y coberturas de deuda, e indicadores de liquidez.
Las calificaciones de riesgo de los valores calificados son constantemente revisadas durante la vigencia del instrumento para información de los diferentes participantes del mercado, entre ellos emisores, reguladores, inversionistas y otros interesados. “La confiabilidad de la calificación proviene del equilibrio de factores cuantitativos y cualitativos a través de una opinión objetiva y sustentada en base a la experiencia, criterio, conocimiento de la plaza financiera e imparcialidad”, sostiene Reynaldo Coto, gerente general de Equilibrium en Panamá. Afiliada a Moody’s Investors Services, esta calificadora atiende ratings domésticos, remitiendo ratings internacionales al equipo de Moody’s.
ASIGNACIÓN DE CALIFICACIÓN DE RIESGO SOBERANO
Óscar M. Jasaui, presidente de Pacific Credit Rating, comenta que el análisis del riesgo soberano involucra cuatro elementos principales: política económica, balanza de pagos, deuda pública y privada, y factores sociales y políticos.
“El riesgo país se refiere a una eventual insolvencia comercial o financiera por parte de un vendedor o prestamista, a causa de problemas de carácter político o derivados de las graves perturbaciones económicas que pueden darse. Mientras que la perspectiva crediticia es la probabilidad de que los intereses y el principal o ambos, de un crédito no sean repagados”, explica.
En la evaluación de la política económica, se reflejan las medidas gubernamentales empleadas con el fin de mantener la estabilidad macroeconómica, mejorar la competitividad, y promover un mayor crecimiento y desarrollo. El análisis de la balanza de pagos considera tres factores: la cuenta corriente, la cuenta de capitales y el nivel de reservas, y enfatiza la habilidad de un país por demostrar crecimiento y diversificar sus exportaciones, ya que revela una mayor orientación externa y mejoras en la competitividad. Las obligaciones gubernamentales, el financiamiento empleado, así como factores políticos y sociales son analizados detalladamente.
A.M. Best – una agencia calificadora crediticia global especializada en la industria de seguros– no emite calificaciones soberanas. Su evaluación de riesgo país no es directamente comparable con una calificación crediticia soberana.
En su evaluación de riesgo país, A.M. Best considera el riesgo político como aquel donde ineficiencias burocráticas o gubernamentales, tensiones sociales, un sistema legal inadecuado, o bien, tensiones internacionales puedan afectar adversamente al sector asegurador de ese país. “Dentro de la evolución de dicho riesgo, nosotros consideramos indicadores de estabilidad de un gobierno y sociedad, la efectividad de relaciones diplomáticas internacionales, la integridad y confiabilidad de un sistema legal y la infraestructura empresarial, la eficiencia del aparato burocrático de un gobierno, así como la idoneidad y eficacia de las políticas económicas de un gobierno, dice Alfonso José Novelo Gómez, director senior analítico de calificaciones de la calificadora.
“Los fenómenos meteorológicos son considerados de forma indirecta a través de la evaluación del riesgo económico de un país, ya que la naturaleza catastrófica de este tipo de eventos pudiera repercutir de forma importante en la evolución de la economía, finanzas públicas, así como sobre perspectivas de crecimiento y estabilidad de una nación”.
Según la metodología de Evaluación de Riesgo País de A.M. Best, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, y Panamá se ubican en el rango elevado de riesgo país, CRT-4 (Country Risk Tier). Honduras y Nicaragua se encuentran en un nivel muy elevado de riesgo país, CRT-5.
“Honduras enfrenta sus mayores retos en el sistema financiero, mientras que claramente el riesgo político es el imperante en la determinación del riesgo país de Nicaragua. Las economías que integran Centroamérica presentan retos importantes en el ámbito de riesgo político, económico y del sistema financiero. La región debe buscar mejorar la transparencia y disminuir niveles de corrupción de su entorno político y legal, así como continuar mejorando el marco regulatorio de sus sistemas financieros”, puntualiza Novelo.
VENTAJAS DE UNA CALIFICACIÓN FAVORABLE
1.Acceso a mejores condiciones de su financiamiento. A mejor calificación de riesgo, la tasa de interés debe ser menor. También se considera un componente reputacional, de cara a inversionistas o accionistas, porque una mejor calificación de riesgo supone un mejor perfil financiero para cumplir con las obligaciones.
2.Información para la toma de decisiones. La evaluación se realiza en base a factores cuantitativos y cualitativos establecidos en metodologías y corroborados con estudios de matrices de transición. La clasificación contribuye con la transparencia del mercado, al brindar información actualizada y relevante, genera confianza y propicia la consolidación del mercado de valores. Beneficia al emisor, ya que la calificación otorgada permite determinar un costo apropiado sobre sus emisiones en función del riesgo.
