AGOSTO / SEPTIEMBRE 2018 | Edición 27


UNA TRANSFORMACIÓN NECESARIA

La lección más importante observada de las experiencias exitosas de desarrollo económico es que son las instituciones políticas la base de la riqueza de un país. El nivel de bienestar no es causado por la posición geográfica, la genética, los antepasados, los recursos materiales, el clima o habilidades personales. La clave está en la fortaleza de las instituciones.

Los empresarios de los países centroamericanos reiteran constantemente la necesidad de aumentar la calidad de sus instituciones públicas, el respeto al ordenamiento jurídico y el cumplimiento de leyes justas y equilibradas, como base para promover inversiones y crecimiento económico.

Las manifestaciones públicas masivas en varias sociedades han demostrado un cansancio de los ciudadanos con diversos actos de corrupción institucional y política, creando tensión e ingobernabilidad.

Es por eso que la comunidad internacional respondió apoyando a Centroamérica con la creación de entidades como la CICIG en Guatemala y la MACCIH en Honduras. La molestia de algunos poderes públicos con estas entidades y la expulsión de misiones de relatores especiales, son expresiones de sociedades que requieren cambiar el rumbo de deterioro de la actividad política e instituciones.

Incluso, no se dan cuenta que la política exterior de los Estados Unidos dio un giro significativo en los últimos años respecto de sus prioridades con Centroamérica. Hasta la década de los 80 el enfoque estaba centrado en impedir el avance de los movimientos de izquierda revolucionarios. Posteriormente se volcó a desmantelar las estructuras de apoyo económicas y financieras ligadas a los narcóticos. Con la administración Trump, la seguridad americana es también asociada a los efectos de la migración ilegal. Se trata no solo de retornar migrantes, sino de cambiar las condiciones de vida que les impulsan a instalarse en los Estados Unidos. La violencia, la pobreza, la falta de oportunidades, educación y salud es explicada como consecuencia de la corrupción.

La conclusión es simple. Si se detiene la corrupción se detendrá la migración. La eficacia de la lista OFAC relacionada con personas e instituciones vinculadas a actos de terrorismo y tráfico de drogas, inspiró la “Ley Global Magnitsky” por la cual se extienden sanciones económicas a ciudadanos de todo el mundo que hubieran cometido abusos a los derechos humanos y actos de corrupción en sus países de origen.

En mayo de 2018, la Cámara de Representantes de EE.UU. aprobó una enmienda que exige al Secretario de Defensa que envíe al Congreso los nombres de los funcionarios de los gobiernos del Triángulo Norte de Centroamérica involucrados en tráfico de drogas y corrupción. La Ley contempla exponer y deducir responsabilidades por actos graves de corrupción, financiamiento ilícito de campañas políticas y violaciones de derechos humanos.

De la expansión de las dimensiones del Acta Magnitsky sobre los sistemas políticos centroamericanos dependerá la estabilidad de gran parte de la región durante los próximos meses.

Publisher Centroamérica

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