El Índice de Estado de Derecho del World Justice Project® ubica a Costa Rica en el segundo lugar de América Latina.
Costa Rica ha sido calificado como el segundo mejor país de América Latina que garantiza el Estado de Derecho, según el Índice de Estado de Derecho publicado por el World Justice Project® (WJP) en su informe 2017-2018.
Anualmente, este estudio analiza y evalúa el desempeño de 113 países en lo que respecta al Estado de derecho. Lo hace a través de ocho factores: Límites al Poder Gubernamental, Ausencia de Corrupción, Gobierno Abierto, Derechos Fundamentales, Orden y Seguridad, Cumplimiento Regulatorio, Justicia Civil, y Justicia Penal.
El objetivo de este estudio es dotar de información original e imparcial a los tomadores de decisiones y al público, con el fin aumentar el entendimiento y la apreciación por el Estado de Derecho, así como informar y alentar políticas públicas responsables y transparentes que lo fortalezcan.
Índice de Estado de Derecho
Desde 2008 el WJP publica el Índice de Estado de Derecho (Rule of Law Index®), midiendo la forma en la que las personas alrededor del mundo viven y perciben el Estado de Derecho en su vida diaria.
Al igual que en la edición 2015 y 2016, Dinamarca ocupa el primer lugar en la nueva edición, seguido de Noruega, Finlandia, Suecia, Países Bajos, Alemania, Austria, Nueva Zelanda, Singapur y el Reino Unido.
El país mejor calificado de América Latina y el Caribe fue Uruguay, que ocupa el puesto 22 de 113 países, seguido por Costa Rica y Chile.
Una región con luces y sombras
Costa Rica subió una posición en la medición mundial de Estado de Derecho, al pasar del lugar 25 en el ranking global de 2016 al 24 en 2017-2018. La mejora del país se relaciona principalmente con avances en materia de gobierno abierto, uno de los ocho factores que evalúa el Índice.
En la posición número 61 del ranking mundial está Panamá. Dentro de América Latina y el Caribe ocupa el puesto 17 de 30. La debilidad del país radica en la variable Justicia Penal (99), que toma en cuenta el desempeño de fiscales, policías, jueces, abogados y custodios.
El Salvador se ubica en el lugar 79 en el ranking global, y en la posición 21 a nivel regional. La debilidad más significativa del país también radica en la Justicia Penal, ubicándose en el puesto 106. Su mejor indicador es el Gobierno Abierto, encontrándose en el lugar 52.
República Dominicana bajó cinco posiciones en el Índice, pasando de la posición 85 a la 90. Esto la ubica en la posición 24 en la región de América Latina y el Caribe. La nación caribeña obtuvo su peor nota en el ámbito de Justicia Penal (100).
Guatemala subió un puesto a la posición 96, y se ubicó en la posición 26 a nivel regional. Los elementos que presentan una mayor debilidad son Justicia Penal y Justicia Civil. Su mejor calificación la obtuvo en la categoría Límites al Poder Gubernamental, que mide si quienes gobiernan están sujetos a la ley.
Nicaragua subió dos posiciones, alcanzando el puesto 99 en el ranking global. A nivel regional se ubica en la posición 27. Su mejor calificación está en el Orden y Seguridad y su debilidad está en la categoría de Límites al Poder Gubernamental.
Honduras es el país centroamericano con la peor marca a nivel global, encontrándose en el puesto 103. Mientras tanto, a nivel regional se ubica en la posición 28 de 30. Su mejor variable fue Orden y Seguridad (92), y su calificación más baja fue en el factor de Justicia Penal, en donde quedó en el lugar 111.
Deterioro mundial
Desde la publicación del último Índice de Estado de Derecho en octubre de 2016, la mayoría de los países en el mundo vieron un deterioro en las puntuaciones de temas de derechos humanos, límites al poder gubernamental, justicia civil, y justicia penal. El mayor deterioro se observó en Derechos Fundamentales, donde 71 de 113 países empeoraron.
