El Gobierno de Nicolás Maduro creó una lista con altos funcionarios panameños, incluidos el presidente Juan Carlos Varela y ordenó “la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera”.
Tras una larga tensión bilateral, Panamá y Venezuela entraron este jueves (05.04.2018) en una nueva crisis con el retiro del embajador panameño en Caracas y la decisión del Gobierno venezolano de suspender las relaciones económicas con altos funcionaros y empresas del país centroamericano.
Panamá dijo hoy que decidió retirar a su embajador en Venezuela, Miguel Mejía, y pidió a Caracas hacer lo mismo con el suyo en el país, Jorge Durán, horas después de que el Gobierno de Nicolás Maduro suspendió por 90 días prorrogables las relaciones comerciales con altos funcionarios y empresas panameñas.
Venezuela creó una lista con altos funcionarios panameños, incluidos el presidente, Juan Carlos Varela, y la vicepresidenta y canciller, Isabel De Saint Malo, además de empresas como Compañía Panameña de Aviación (Copa Airlines), y ordenó “la inmediata suspensión de toda relación económica, comercial y financiera”.
El Gobierno de Maduro presume que se han cometido “delitos de delincuencia organizada, al amparo de lo que pareciera ser la conveniencia del gobierno panameño y la opacidad de su sistema financiero, y con la colaboración de sujetos nacionales panameños dentro y fuera del país”.
“SIN SUSTENTO”
Sin embargo, el Gobierno del presidente Varela interpretó que se trata de “una reacción política que carece de sustento”, adoptada por Caracas “en represalia a las acciones anunciadas por Panamá”.
La semana pasada Panamá publicó una lista de 55 ciudadanos venezolanos políticamente expuestos, entre ellos Maduro, y 16 empresas, porque suponen un “alto riesgo en materia de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”.
Así, las autoridades panameñas recomendaron a los distintos operadores del sistema financiero adoptar “las políticas y procedimientos de debida diligencia ampliada, reforzada” cuando sospecharan que una transacción estaba relacionada con las personas y empresas de la lista.
CT (EFE, dpa)
