El déficit fiscal de Costa Rica fue del 6,2% de su PIB en 2017, y una deuda pública del 49,2%.
La empresa calificadora de riesgo Standard & Poor’s (S&P) mantuvo una calificación de BB con perspectiva negativa para la deuda de Costa Rica, y urgió a la próxima administración para que tome decisiones que le permitan atender su caída financiera.
Costa Rica alcanzó un déficit fiscal del 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2017 que, aunado a la deuda pública del 49,2%, pone en aprietos la estabilidad de sus finanzas.
En esta línea, el Ministerio de Hacienda costarricense detalló que será necesario que el gobierno entrante tome medidas que le permitan generar más recursos y recortar gastos, una vez que asuma su nuevo mandato a partir de mayo (tras la segunda ronda de elecciones presidenciales pactada para el 1 de abril).
Al respecto, la calificadora de riesgo señaló que “los déficits fiscales persistentemente elevados podrían dar como resultado un menor crecimiento del PIB, una mayor carga de la deuda y mayores vulnerabilidades externas que llevarían a una rebaja”.
No obstante, también apuntó que “por el contrario, la pronta aprobación de una reforma fiscal que reduzca el déficit fiscal y estabilice la carga de la deuda del gobierno general, junto con un crecimiento económico continuo y déficits moderados de cuenta corriente, podría evitar una mayor erosión del perfil financiero del soberano”.
Las finanzas costarricenses se han deteriorado desde inicios de este siglo a partir de un crecimiento de los gastos estatales excesivo que se intensificó con la crisis económica del 2008, cuando se tomaron medidas de contención que resultaron generando un crecimiento crónico de los gastos del Gobierno Central.
Desde entonces, los gobiernos han procurado realizar reformas fiscales sin éxito, desalentados en gran medida por la intensa fragmentación de los congresos entre distintas fuerzas políticas.
Esta fragmentación se redujo en las últimas elecciones parlamentarias que se realizaron junto con la primera ronda presidencial del 4 de febrero pasado, en las que la presencia de partidos representados pasó de nueve a siete en total.
Este punto lo destacó la calificadora como un motivo de aliento, pues “podría ayudar a impulsar la reforma fiscal” y unirse con otros factores positivos como “el reciente debate político sobre cuestiones fiscales durante la campaña política” y “el apoyo del sector privado y las organizaciones internacionales”.
En 2017 Costa Rica ya sufrió algunos estragos por sus deterioradas finanzas estatales, cuando tuvo que declarar problemas de liquidez para cumplir con sus obligaciones en agosto, ante la dificultad de conseguir recursos en el mercado.
En esta línea, el viceministro de Hacienda, Leonardo Salas, recordó que “sin la aprobación de una reforma fiscal integral que permita reducir los niveles de déficit y de deuda, el país podría tener no solamente la reducción de la calificación de S&P, sino también de otras calificadoras, con las implicaciones negativas que tendría para el país en los mercados financieros internacionales y en la atracción de inversión extranjera”.
Fuente: Xinhua
