Más de 250.000 centroamericanos en EE.UU. se encuentran en la cuerda floja con la amenaza de cerrar el programa TPS por parte de la administración Trump.
Un total de 254.550 centroamericanos que radican en los Estados Unidos viven en zozobra después de que la Administración del Presidente Donald Trump anunciara la posible clausura de la Temporada de Estancia Protegida (TPS).
Desde su comienzo, la administración Trump ha gestionado medidas en contra de los migrantes ilegales que se encuentran en el país, entre ellas el cuestionamiento del programa DACA (Acción Diferida Para Llegadas Infantiles). El mes de noviembre ha sido determinante para los tres países centroamericanos que tienen un acuerdo de Estatus de Protección Temporal (TPS) con Estados Unidos vigente desde el 5 de enero de 1999.
El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. anunció el lunes 6 de noviembre que eliminará en enero de 2019 el acuerdo TPS que ampara a cientos nicaragüenses que residen en el país, y que postergará hasta julio de 2018 la decisión definitiva sobre este beneficio para los hondureños. Mientras tanto, para los salvadoreños (el grupo más grande), la administración Trump todavía mantiene sus opciones en análisis. Los países centroamericanos están realizando esfuerzos diplomáticos tratando de mantener la vigencia del programa.
El Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador, Hugo Martínez, ha confirmado a los medios estadounidenses que se ha reunido con miembros de la administración Trump para afirmar que las tormentas tropicales en los últimos cinco años, seguidas por las condiciones de sequía más recientes, hacen que el regreso de esos ciudadanos sea insostenible. Mientras tanto, tres congresistas estadounidenses están preparando una legislación que permitiría a todos los beneficiarios de TPS solicitar la residencia permanente, misma que se ha denominado el “Aspire Act”. La ministra de Relaciones Exteriores de Honduras desplegó una extensa visita a autoridades americanas señalando los argumentos hondureños que permitan extender los plazos del estatus temporal.
Según un informe del Servicio de Investigación del Congreso, los datos muestran que 254.550 centroamericanos están actualmente registrados bajo el programa TPS, 195.000 de los cuales son salvadoreños, 57.000 son hondureños, y 2.550 de Nicaragua. El programa TPS se estableció para hondureños y nicaragüenses después del huracán Mitch en 1998, y luego para los salvadoreños en 2001, después de que dos terremotos devastaran el país centroamericano.
Si bien el estatus migratorio solo se suponía temporal, las administraciones posteriores de Bush y Obama retrasaron el regreso de los inmigrantes de El Salvador, Honduras y Nicaragua en el programa TPS sobre la base de que todavía no es seguro que los nacionales regresen debido a la interrupción de las condiciones de vida de los desastres ambientales. Todavía en mayo de 2016, el Registro Federal declaraba que los desastres naturales habían “comprometido significativamente la capacidad de Nicaragua para manejar adecuadamente el retorno de sus nacionales”. Adicionalmente, muchos de estos inmigrantes han establecido fuertes lazos con Estados Unidos, incluyendo nacimiento de hijos, estudios, trabajos y pago de impuestos.
CONSECUENCIAS ECONÓMICAS
Juan José Cruz, asesor económico del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, no ve un panorama favorable para los Estados Unidos de ponerle fin al TPS como lo tiene previsto la administración americana actual. “El gobierno de Trump ha calculado que expulsando a los inmigrantes ilegales habrá más espacios de trabajo para ofrecer a sus connacionales. Hay que recordar que EE.UU. todavía no se recupera del quiebre económico-financiero de octubre 2008”.
“Habrá que ver si la población a lo interno es capaz de responder a las actividades básicas que realizaban los ilegales con la misma intensidad y al bajo costo que el empresariado acostumbraba a pagarles”.
Esto fue respaldado además por Hugo Martínez, quien habló en nombre de El Salvador a VOA News, una publicación estadounidense, explicando que aproximadamente el 90% de la población salvadoreña bajo el TPS trabaja más de 40 horas a la semana en áreas clave para el desarrollo económico en los Estados Unidos, tales como la construcción, la industria de restaurantes, paisajismo, hospitalidad, pero también atención médica y atención domiciliaria.
En este momento, los inmigrantes de América Central se han establecido en los Estados Unidos. No está seguro de cuántos de los que se encuentran bajo el programa TPS tienen hijos. Además, muchos trabajan y envían dinero a sus países de origen, con el Banco Central de Reservas de El Salvador informando que el 17,1% del PIB del país se deriva de las remesas enviadas desde los Estados Unidos.
Según el Banco Central de Honduras (BCH), el país recibió US$3.950 millones en remesas en 2016, de las cuales el 90% provino del país norteamericano. Nicaragua recibió US$1.264,1 millones en remesas en 2016, de los cuales US$624,1 millones provinieron de EE.UU.
Cruz explica que “son 57.000 hondureños que están en el TPS, y si se calcula que envían alrededor de US$450 mensuales, el impacto anual en las Reservas Internacionales podría ser de US$300 millones – aproximadamente un 8% de los cerca de US$4 mil millones que Honduras recibe de los compatriotas en el extranjero.
Sin embargo, no cree que Estados Unidos terminará con el TPS. “Es muy probable que este asunto del TPS solamente sea la cabeza de puente para que el país proceda a presionar al resto de la población inmigrante latinoamericana que se encuentra en esa nación de manera ilegal”.
“En tal caso, las programaciones económicas de Honduras se vendrían abajo en virtud que las remesas familiares (US$4.000 millones) son el primer rubro de las Reservas internacionales, seguido de la maquila (US$3.600 millones) y café (US$1.200 millones)”.
La aplicación de la misma metodología hondureña, pudiese afectar a El Salvador con reducciones por más de US$1.000 millones en remesas cada año.
