Por segunda vez, el Gobierno de El Salvador se acerca a la condición de “incumplimiento selectivo” al no contar con los acuerdos políticos que le permitan cancelar los vencimientos de capital e intereses de los Certificados de Inversión Previsional por un monto de 47.3 millones de dólares.
A finales de abril el Gobierno honro una deuda de 55 millones de dólares que no se había cancelado en la fecha de vencimiento a principios del mes. En la oportunidad la AFP Confía recibió el pago de US$ 30 millones y US$ 18 millones la AFP Crecer. La diferencia se destinó a financiar los recursos para el pago de más 160 mil jubilados del antiguo Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Instituto Nacional de Pensiones para los empleados Públicos.
El atraso en el pago de los bonos causo que las principales calificadoras de riesgo redujeran la calidad crediticia del país, considerándolo una inversión de alto riesgo.
Moody´s degrado la nota de calificación de emisor y deuda de largo plazo de El Salvador a Caa1 cambiando la perspectiva de estable a negativa. En forma similar la agencia Fitch Rating cambio su calificación degradando a CCC la deuda soberana de largo plazo en moneda extranjera. Standard & Poor´s en un comunicado anuncio que la calificación de riesgo para el estado salvadoreño se reducía a CCC- para el financiamiento a largo plazo, con posibilidades que siga empeorando. Un deterioro de la calidad de las clasificaciones referidas a la capacidad de pago que deteriora la confianza en el país y encarece las operaciones financieras.
La preocupación es compartida por la “Cámara de Asociaciones del Sector Financiero de El Salvador” que han manifestado su preocupación sobre la capacidad del Gobierno para cubrir oportunamente la totalidad de los pagos que deben de realizar a las Administradoras de Fondos de Pensiones.
En consideración a la declaración pública emitida por la cámara del sistema financiero, el portavoz del Gobierno Eugenio Chicas, manifestó que era improbable un nuevo impago de los bonos de las AFPs y que se están haciendo recortes en el presupuesto y reasignando los fondos estatales para cumplir con los vencimientos. La preocupación que persiste en algunas entidades financieras se reflejan en los comentarios críticos emitidos por analistas económicos y políticos en la prensa nacional. No solo les preocupa el retraso en el pago y la necesidad de un acuerdo político que asegure el cumplimiento de las obligaciones del Estado. En la agenda persiste la tensión que causa que una comisión de Diputados del Congreso estudie “en secreto” alternativas de reformas al sistema de pensiones.
