Comenzó en Texas la audiencia preliminar para conseguir una medida cautelar que suspenda la ley SB4, considerada como la medida anti migrante más dura del país. La propuesta de resolución fue presentada por la Asociación de Oficiales Latinos Electos con el propósito de suspenderla. La ley SB4 habilita a cualquier policía de Texas a pedir sus papeles a cualquier persona que se detengan. La medida que convierte a los policías en agentes de inmigración es rechazada por numerosas comunidades texanas, incluyendo autoridades electas de origen latino.
La legislación promovida por el gobernador de Texas, Greg Abbott, fue presenta el al senado texano en el 7 de mayo de 2017 y entrará en vigor el 1 de septiembre este año.
El Gobernador republicano afirmo que es un proyecto de ley de seguridad pública y protegerá a los tejanos de los inmigrantes que han cometido crímenes y no están legalmente en los Estados Unidos. No obstante, la ley en efecto prohibiría las llamadas “ciudades santuario” en Texas, multando a los funcionarios que no accedan a las solicitudes de retener a los inmigrantes para la recolección federal y la deportación potencial. También permitiría a los agentes de ley locales para cuestionar sobre el estatus migratorio de las personas que detienen en público, procedimiento que hoy viola las libertades civiles americanas.
Estimaciones de la organización Migration Policy con datos de censo 2011-2015 revelan que en Texas residen más de 379.000 indocumentados de Centroamericanos, que pudiesen ser afectados por la medida.
Las organizaciones civiles se oponen a la ley, afirmando que aumentará la discriminación por el perfil racial y evitará que las agencias policiales resuelvan crímenes, terrorismo y actividades delictivas en barrios y comunidades.
Este proceso es observado con interés en otros Estados debido a su potencial impacto en las comunidades de inmigrantes y por las autoridades debido a que obligaría a las autoridades locales asumir tareas que hasta ahora han sido responsabilidades federales.
