Cámara de Representantes discute el “Border Wall Funding Act of 2017”.
Remitentes que intenten evadir el pago pueden enfrentar hasta 20 años de cárcel y pago de hasta US$500 mil.
Un grupo de congresistas republicanos de ocho estados presentó el pasado 30 de marzo a la Cámara de Representantes un proyecto de ley para enmendar el “Electronic Fund Transfer Act” (Ley de Transferencia Electrónica de Fondos) con el objetivo de imponer un impuesto a la transferencia de remesas de Estados Unidos a todo el continente americano, menos Canadá. Se excluyen transferencias a Europa, Asia, Africa y demás áreas aunque aporten migrantes a Estados Unidos.
México, Guatemala, Belice, Cuba, Islas Caimán, Haití, República Dominicana, Las Bahamas, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia, Venezuela, Aruba, Curacao, Islas Vírgenes, Anguila, Antigua y Barbuda, Saint Kitts and Nevis, Montserrat, Guadalalupe, Dominicana, Martinica, Santa Lucía, San Vicente y Las Granadinas, Barbados, Granada, Guyana, Surinam, Guyana Francesa, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina serán afectados si se logra consenso para la aprobación.
Si el receptor de la transferencia se encuentra en los países mencionados las empresas como Western Union deberían cobrar al remitente el equivalente al 2% del valor de la remesa, adicional a los cargos adicionales que le pueda hacer la compañía tramitadora. A manera de ejemplo, si usted envía 100 dólares, le cobrarán dos dólares (2%) como impuesto, más los cargos que le hará la empresa.
Congresistas de los estados de Alabama, Georgia, Arizona, Mississippi, Arkansas, Florida, Pennsylvania y Texas cabildean para que se apruebe el proyecto. Se establece que lo recaudado se debe remitir al Tesoro de Estados Unidos con el propósito de mejorar la seguridad en las fronteras.
Durante los cinco primeros años, a partir de la aprobación de la Ley, las empresas de transferencia podrán retener hasta un 5% del total que ellas recauden para cubrir sus costos de recolección y entrega al Estado.
Si la persona remitente quiere evitar el pago del impuesto haciendo la transferencia hacia un país fuera de la lista en mención y que después desde ese país sea enviado a un país en la lista, será sujeto a una penalidad de hasta US$500 mil o el doble del valor de la remesa, cualquiera que sea el valor más grande, o cárcel por hasta 20 años, o ambas cosas.
Respecto de la responsabilidad que tendrían los países que ayuden y alberguen a un individuo que conspire para evitar o evadir el impuesto, “será inelegible para recibir ayuda externa y para participar en el Programa de Exención de Visa u otros programas a discreción de la Secretaría de la Seguridad Nacional, Secretaría del Tesoro y la Secretaría de Estado”.
Según expertos legales consultados por AméricaEconomía Centroamérica, México, ni ningún país, no tiene capacidad legal, ni real de detener la construcción de un muro en suelo estadounidense; pero tampoco Estados Unidos puede obligarlos a pagar la construcción de un muro en suelo de EUA. En este caso, los países afectados pueden recurrir a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En la OMC el argumento puede ser que EUA está creando barreras al libre comercio transfronterizo, y en la ONU, que EUA está practicando tratamiento discriminatorio.
El destino más grande de las remesas que se envían desde Estados Unidos es México. Pew Research estima que al cierre de 2015 alcanzaron los US$24 mil millones.
Se calcula que la aplicación de este impuesto de 2% superaría más de US$2 mil millones de recaudación al año.
