Agosto 2016 | Edición No.5
Agosto 2016 | Edición No.5CRISIS OLÍMPICA
La exclusión de participar de algunos deportistas en los Juegos Olímpicos de Río por incumplir las reglas de la Agencia Mundial Antidoping ha sorprendido por sus alcances. Implican a un Estado de estar comprometido con prácticas de dopaje generalizado. A este señalamiento de prácticas corruptas gubernamentales, que excluyó a 67 atletas rusos, se suman los severos cuestionamientos a la organización de los juegos y las notorias deficiencias en la infraestructura y condiciones sanitarias.
Simultáneamente al desarrollo de los juegos, asistimos a una olimpiada política. El proceso de suspensión definitiva de la presidenta Dilma Rousseff, acusada de estar involucrada con la manipulación de las finanzas públicas, con la corrupción de Petrobras y con prácticas de obstrucción de la justicia, se ha convertido en una contienda que trasciende el ámbito parlamentario. Estos episodios están trasladando los enfrentamientos y acusaciones del Congreso y la Judicatura a las calles brasileñas, donde partidarios y detractores miden sus fuerzas y habilidades.
A nivel deportivo la naturaleza de la suspensión amenazó por convertir un acontecimiento que precisamente mide destrezas y fortalezas en un potencial conflicto político, similar al ocurrido en 1984, cuando la Unión Soviética boicoteó los Juegos Olímpicos celebrados en Los Ángeles.
Se suma a este panorama, las acusaciones de corrupción de líderes políticos, sus familias y cercanos colaboradores en prácticamente toda América Latina. El periodista argentino Jorge Lanata, quien señaló a la familia Kirchner como el cerebro de un “mega entramado de corrupción estatal”, expresó que la expresidenta no puede despegarse del caso de José López. Un exministro de su gobierno y diputado al Parlasur que fue detenido a las puertas de un monasterio con 8,5 millones de dólares en efectivo.
Procesos judiciales relacionados con la nuera e hijo de la Presidenta chilena, investigaciones relacionadas con la exprimera dama de Perú y denuncias que afectan a funcionarios del Gobierno ecuatoriano y de PetroEcuador, salpican la administración del Presidente Rafael Correa. Casos de corrupción de exministros acusados en Colombia y la crisis venezolana se desarrollan en Sudamérica simultáneamente al evento olímpico.
Para ahondar esta crisis de magnitud olímpica, hace unos meses el fútbol mundial se remecía con las acusaciones de corrupción y soborno de gran parte de los principales dirigentes de la FIFA y de los líderes de las federaciones de Centro y Sudamérica. Alrededor de una docena de personas –algunos confesos- de los delitos de sobornos descubiertos aguardan por sentencias en los Estados Unidos o permanecen detenidos en Suiza.
Dirigentes deportivos y políticos acusados de actos de corrupción, soborno y conspiración para defraudar. Centroamérica tampoco está inmune a esta realidad. Expresidentes, ministros y diputados se encuentran involucrados en procesos judiciales y cuestionamientos sobre la legalidad de sus acciones, ponen de manifiesto las dificultades por las que transitan nuestros países.
A pesar de esta realidad, recogemos en esta edición las experiencias positivas de empresas e iniciativas público privadas que realizan e incrementan sus programas de responsabilidad social o RSE. Proyectos centrados en derrotar la pobreza y brindar oportunidades a sus compatriotas. Iniciativas concretas de protección al medio ambiente y cumplimiento de los acuerdos relacionados con el cambio climático. A estas actividades se agregan los esfuerzos de transparencia y gobernanza que el sector privado emprende a través de la publicación de las memorias de sustentabilidad y códigos de gobernanza.
Finalmente, es destacable el esfuerzo de los Gobiernos que comprometen esfuerzos en aumentar la transparencia de las instituciones públicas, fortalecen las funciones policiales y legislan para prevenir acciones que están comprometiendo el bienestar de los ciudadanos de cada país.
